Primer informe de auditoría al Estado arroja que más de 2.500 funcionarios se incorporaron a plantas de servicios durante últimos meses de gobierno de Boric

El análisis también señala que en la administración anterior hubo "asignación de recursos por montos relevantes a programas con evaluaciones insuficientes o deficientes".

Este viernes, en la segunda sesión del Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal impulsado por el gobierno, se presentó el primer informe sobre el uso de recursos fiscales en más de 500 servicios públicos entre el año 2025 y el 10 de marzo de 2026.

Se trata de un levantamiento de información en cinco áreas clave: transferencias y convenios, compras públicas, contratos de relevancia fiscal, gestión de personas y ejecución presupuestaria.

Según señalan desde el gobierno, estos resultados servirán de base para futuras auditorías y eventuales acciones de mejora o determinación de responsabilidades.

En concreto, los hallazgos destacados en este primer informe son:

1. Transferencias y convenios por montos superiores a USD 140 millones, asignados a entidades con menos de un año de antigüedad al momento de recibir los recursos.

2. Patrones de contratación que podrían ser indicativos de fragmentación de compras, como, por ejemplo: más de 65.000 adquisiciones realizadas mediante modalidad de “Compra Ágil” en que al mismo proveedor se le contrató el mismo servicio dos o más veces durante el mismo día.

3. Más de 1.000 contratos suscritos entre julio 2025 y febrero de 2026, con compromisos fiscales de mediano y largo plazo.

4. Incorporación de más de 2.500 funcionarios a las plantas de servicios en los últimos meses del año 2025.

5. Más de 1.000 convenios terminados y pagados íntegramente con montos no rendidos totales que superan los USD 50 millones.

6. Identificación de cerca de 100.000 trabajadores con licencias médicas superiores a un mes, incluyendo más de 1.000 casos con una extensión de más de un año.

7. Reparticiones con traspasos masivos de personal contratado desde honorarios a contrata en los meses finales del período anterior.

8. Asignación de recursos por montos relevantes a programas con evaluaciones insuficientes o deficientes.

Tras la entrega del informe, la subsecretaria de la Segpres, quien además preside el comité, informó que “dichas situaciones no constituyen por sí mismas irregularidades concluidas, pero sí representan alertas de riesgo que justifican su revisión en profundidad”.

Con todo, además de asegurar que están cumpliendo con uno de los compromisos del Presidente Kast, la autoridad detalló que se recibieron más de 213 millones de registros de datos, que han sido analizados en conjunto con otros sets de datos de sistemas administrativos y transaccionales de la gestión pública, además de aquellos datos abiertos y disponibles en plataformas de transparencia.

Tras esta primera entrega, el trabajo de los auditores sigue en curso. En detalle, hasta el 16 de abril, tendrán que recopilar la información sobre el uso de recursos fiscales correspondiente al año 2024. Entre el 17 y el 27 de abril, la del año 2023; y entre el 28 de abril y el 6 de mayo, la correspondiente a 2022.

Luego, el proceso entra en la “fase de consolidación de hallazgos, priorización de focos críticos y la definición de primeras líneas de investigación, y si corresponde, eventuales derivaciones de información a otros organismos institucionales”, señalan desde el comité.

Fuera de eso, el Presidente Kast nombró como auditor general de gobierno a Cristián Muñoz, y también como nuevos miembros del Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno al excontralor Ramiro Mendoza y a la exdirectora de Presupuestos Cristina Torres.