Más de 1.300 reclamos golpean a partidos políticos ante el Servel por personas afiliadas sin consentimiento
Denuncias por militancias sin consentimiento se dispararon entre 2023 y 2025, concentrándose en primarias y poniendo en riesgo la supervivencia legal de varias colectividades.
Entre 2023 y 2025, el Servicio Electoral recibió más de 1.300 reclamos por afiliaciones a partidos políticos realizadas sin consentimiento de las personas involucradas.
Los registros oficiales indican que el 79% de los reclamos asociados a estos partidos se concentró durante el periodo de las primarias oficialistas de junio de 2025.
Ese proceso electoral fue clave para que muchos ciudadanos descubrieran que figuraban como militantes, ya que solo podían votar afiliados a partidos participantes o independientes.
En total, 1.369 personas denunciaron haber sido inscritas sin autorización en los últimos tres años, de acuerdo con datos obtenidos vía Ley de Transparencia.
Pero el fenómeno no se limita a unas pocas colectividades. En total, 32 partidos aparecen en los registros del Servel con al menos un reclamo por afiliación irregular.
Once de ellos superan las 30 denuncias, y varios no alcanzaron la representación parlamentaria mínima exigida por ley en las elecciones de 2025.
Este escenario abre la posibilidad de disolución legal, una amenaza que también afecta a los partidos con mayor número de reclamos.
El siguiente es el listado completo de las denuncias:
La investigación por las afiliaciones “fantasmas”
El Servel confirmó que la situación ha derivado 774 denuncias al Ministerio Público por eventuales delitos de suplantación de identidad.
La mayoría de las afiliaciones se realiza de forma digital mediante Clave Única, un sistema que concentra casi el 90% de los trámites.
Pese a las medidas de verificación, las denuncias revelan fallas que permitieron inscripciones de menores de edad y funcionarios de las Fuerzas Armadas.
Consideren que el impacto de estas afiliaciones va más allá de lo electoral, ya que puede generar restricciones laborales y limitar derechos cívicos.